CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA PENAL PERMANENTE

Infracción de precepto material. Alcance del tipo penal de peculado  Sumilla. (1) Respecto del motivo de infracción de precepto material, se trata de examinar si se interpretó correctamente el tipo delictivo y demás preceptos sustantivos necesarios para su adecuada determinación; o, en su caso, si se efectuó una subsunción adecuada o correcta del hecho al tipo delictivo o a los demás preceptos sustantivos pertinentes –aplicación normativa de los hechos a las disposiciones legales–. (2) Que el delito de peculado tutela tanto el patrimonio público cuanto, sobre todo, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado. Uno de los elementos del tipo objetivo es que el funcionario público, respecto de los bienes públicos objeto de apropiación los tenga a su cargo. Es decir, que con ocasión de sus funciones el funcionario concernido ostente su custodia material o la capacidad de disposición e inversión sobre ellos, de suerte que no puedan salir de la institución sin su decisión. (3) El tipo delictivo de peculado es un delito especial de infracción de deber, pero lo es con “elementos de dominio” –éste se erige por la conjunción de actos concretos de organización, la infracción de deberes institucionales en orden a la Administración Pública y la producción de perjuicio–, por lo que, sin romper el título de imputación, se acepta la intervención delictiva a título de cómplice–.

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, veintiséis de julio de dos mil dieciocho  VISTOS; en audiencia pública: los recursos de casación por vulneración de precepto material y quebrantamiento de la garantía de motivación interpuesto por los encausados OCTAVIO EDUARDO DIEZ CANSECO RIVERO y RICARDO PINO TRINIDAD contra la  sentencia de vista de fojas tres mil ciento cincuenta y ocho, de nueve de junio de dos mil diecisiete, que confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia de fojas dos mil setecientos sesenta y cinco, de once de agosto de dos mil dieciséis, los condenó como autor y cómplice primario, respectivamente, del delito de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a cuatro años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación por dos años, así como al pago solidario de cuatrocientos un mil ochocientos dieciséis soles con noventa y nueve céntimos por concepto de reparación civil; con lo demás que al respecto contiene.   Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que las sentencias de mérito declararon probado que: 1. El encausado Octavio Eduardo Diez Canseco Rivero, cuando ocupaba el cargo de Inspector de la Obra “Asfaltado de la carretera Chilligua – Carumas” –de treinta y tres kilómetros de longitud–, ubicada en el distrito de Carumas, sector Chilligua – Carumas, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua”, en el periodo comprendido entre el diecinueve de agosto de dos mil dos y veintidós de enero de dos mil nueve –designado por la Municipalidad agraviada–, emitió el Informe número cero sesenta y nueve  oblicua A – dos mil ocho – ODCR – IO oblicua OSLO oblicua GM oblicua MPMN de fojas quinientos diecinueve, de cuatro de diciembre de dos mil ocho, que aprobó la valorización número uno por la suma de trescientos sesenta y un mil ochocientos dieciséis soles con noventa y nueve céntimos, sin contar con ningún avance real de la obra de asfaltado –no se adjuntó la sustentación pertinente, el cuaderno de obra y el panel fotográfico–; es decir, valorizó, en rigor, insumos que no eran susceptibles de valorización, como piedra chancada, arena y otros puestos en cancha. De esta manera favoreció a la contratista, Consorcio Nuevo Mundo, representada por el imputado Ricardo Pino Trinidad, en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, lo que dio lugar a que pueda cobrar dicho dinero sin una justificación técnica real –las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta– (comprobante de pago número 019815, de cinco de diciembre de dos mil nueve).  La obra se inició el trece de enero hasta el veintitrés de enero de dos mil nueve, de suerte que la Municipalidad agraviada pagó dicha valorización sin que exista real y físicamente la colocación de carpeta asfáltica en caliente en la aludida carretera. 2. Cabe precisar que (i) el contrato de ejecución de obra pública número sesenta y tres cincuenta y ocho – dos mil siete – GM oblicua MPMN es de fecha veintiocho de diciembre de dos mil siete; (ii) el monto total del mismo alcanzó a la suma de once millones quinientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y tres soles con veintitrés céntimo; y, (iii) la forma de pago se debía efectuar conforme a valorizaciones de avance de obras, acorde a metrados especificados, a cuyo efecto se debía contar con el “informe de conformidad” emitido por la supervisión de la obra. 3. El imputado Pino Trinidad obtuvo beneficios indebidos por diversos conceptos como: colocación del espesor menor al pactado, omisión en el asfaltado de dos tramos, adelantos, valorizaciones y pagos adicionales. Con ello se benefició indebidamente, por la suma total de cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y cinco soles con cuarenta y dos céntimos, además de que se favoreció con reducciones de las cartas fianzas.

SEGUNDO. Que los imputados Diez Canseco Rivero y Pino Trinidad, protestando inocencia, interpusieron los recursos de apelación de fojas dos mil ochocientos quince, de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, y  de fojas dos mil ochocientos sesenta y ocho, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente, contra la sentencia condenatoria de primera instancia. Ambas impugnaciones no prosperaron parcialmente.  La  sentencia de vista de fojas fojas tres mil ciento cincuenta y ocho, de nueve de junio de dos mil diecisiete, confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia, los condenó por delito de peculado doloso por apropiación a cuatro años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva, dos años de inhabilitación y al pago solidario de  cuatrocientos un mil ochocientos dieciséis soles con noventa y nueve céntimos por concepto de reparación civil.

TERCERO. Que, con mayor precisión, la sentencia de vista señaló, entre otros aspectos, que: A. El imputado Diez Canseco Rivero emitió el Informe número cero sesenta y nueve/dos mil ocho–ODCR–IO/POSLO/GM/MPMN, por el que aprobó la valorización número uno sin contar con el avance real de la obra, de suerte que favoreció a la contratista Consorcio Nuevo Mundo. Incumplió su deber funcional, pues la valorización tenía que efectuarse en función a los metrados ejecutados –asfaltado de la carretera–, no en base a insumos que no eran susceptibles de valorización. El pago al contratista se acreditó con el comprobante de pago número cero diecinueve ochocientos quince, de cinco de diciembre de dos mil nueve.  B. El residente de obra mediante Acta de Manifestación mencionó que el inicio físico del asfaltado real de la obra se inició el trece de enero de dos mil nueve hasta el veintitrés de enero de dos mil nueve. Tal referencia acreditó, entonces, que la Municipalidad agraviada pagó la valorización número uno sin que exista real y físicamente la colocación de carpeta asfáltica en caliente en la carretera que debía asfaltarse. C. Los documentos presentados por el encausado Pino Trinidad (Oficios, cartas, informes, etcétera) no tienen pertinencia ni utilidad probatoria. La Resolución de Gerencia Municipal fue ofrecida en un estado del proceso en que no procedía su ofrecimiento ni actuación probatoria.  D. Los imputados actuaron dolosamente. El encausado Pino Trinidad presentó la valorización de avances de ejecución, cuando en realidad no había ningún avance en ese momento. El acusado Diez Canseco Rivero dio la conformidad respectiva. Por tanto, ambos imputados se concertaron para que Pino Trinidad se apropie de los caudales del Estado.

CUARTO. Que, ante la desestimación del recurso de apelación y ratificación de la sentencia de instancia, los acusados Diez Canseco Rivero y Pino Trinidad promovieron el acceso excepcional al recurso de casación mediante escritos de fojas sesenta y siete del cuadernillo de casación, de veintidós de junio de dos mil diecisiete, y de fojas setenta y nueve del referido cuadernillo, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, respectivamente.  El Tribunal Superior concedió dichos recursos y elevó la causa a este Supremo Tribunal.

QUINTO. Que cumplido el trámite de traslado a las partes recurridas, se expidió la Ejecutoria Suprema de fojas ciento noventa y tres, de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, que declaró bien concedido el recurso de casación por las causales de vulneración de precepto material y de infracción de la garantía de motivación (artículo 429, incisos 3 y 4, del Código Procesal Penal), bajo el acceso excepcional regulado por el artículo 427, apartado 4, del referido Código.

SEXTO. Que, conforme a los términos de la Ejecutoria Suprema que declaró bien concedidos los dos recursos de casación, se tiene que en este caso el pronunciamiento se circunscribirá a: A. La dilucidación, a partir de los hechos declarados probados, del delito de peculado. La determinación del perjuicio típico y su relación probatoria con la prueba pericial. Y, la intervención de terceros en la comisión del delito en cuestión. B. Las pericias técnicas y la existencia de un laudo arbitral, respecto de la logicidad de la motivación en orden a la conclusión de la existencia del delito de peculado y la culpabilidad de los imputados impugnantes.

SÉPTIMO. Que instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la audiencia de casación el día diecisiete de julio de dos mil dieciocho [decreto de fojas doscientos cuatro, de veintidós de junio último], realizada ésta con la concurrencia del abogado defensor de los imputados, doctores Carlos Alberto De la Rosa Alcántara y Víctor Rossel Alvarado, según consta en el acta respectiva, el estado de la causa es la de expedir sentencia.

OCTAVO. Que deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, este Supremo Tribunal acordó pronunciar la presente sentencia de casación, en los términos que se detallarán, y señaló para la audiencia de su lectura el día de la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que los imputados, respecto del acceso excepcional al recurso de casación, que es lo relevante de cara al objeto recursal, expusieron lo que a continuación se enuncia: A. El encausado Diez Canseco Rivero apuntó que debía establecerse que en los delitos de peculado la pericia contable es el medio de prueba que, mediante la acreditación de la lesión sufrida por el patrimonio público, determina la existencia de la infracción penal [recurso de casación de fojas sesenta y siete, de veintidós de junio de dos mil diecisiete]. B. El encausado Pino Trinidad anotó que los hechos señalados y decididos en el laudo arbitral tienen una connotación administrativa, no penal. Como se emitió, al respecto, una decisión jurisdiccional firme con calidad de cosa juzgada, no puede calificarse los hechos como delito. Además, consignó que la pericia contable determina el perjuicio al Estado y, por ende, la comisión del delito de peculado [recurso de casación de fojas setenta y nueve, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete].

SEGUNDO. Que es de precisar que, de conformidad con el artículo 432, apartado 2, del Código Procesal Penal, “La competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema se ejerce sobre los errores jurídicos que contenga la resolución recurrida. Está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente comprobados y establecidos en la sentencia o auto recurridos”.  1. Por consiguiente, no se trata de examinar autónomamente la valoración de la prueba realizada por los jueces de apelación –la questio facti queda excluida del examen casacional–, sino de realizar, desde el motivo cuarto del artículo 429 del Estatuto Procesal Penal aceptado en la Ejecutoria de fojas ciento noventa y tres, de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, y en mérito al propio texto de la sentencia de vista, un control externo de la motivación fáctica para determinar si se incurrió en un defecto constitucional de

motivación. Esto es, examinar si se presentan aquellos supuestos referidos a (i) motivación omisiva, (ii) motivación incompleta, (iii) motivación dubitativa, (iv) motivación genérica o contradictoria, y (v) motivación ilógica respecto de las inferencias probatorias –infracción de las leyes de la lógica, máximas de experiencia o conocimientos científicos–. En pureza, se ha denunciado este último punto: motivación ilógica, lo que implica examinar si el Tribunal Superior partió de premisas inexistentes o patentemente erróneas, o si siguió un desarrollo argumental que incurrió en quiebras lógicas, científicas o de experiencia de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas.  2. De otro lado, respecto del motivo de infracción de precepto material, se trata, en atención a la declaración de hechos probados expuesta por los jueces de mérito, de examinar si se interpretó correctamente el tipo delictivo y demás preceptos sustantivos necesarios para su adecuada determinación; o, en su caso, dados los hechos declarados probados y establecidos, si se efectuó una subsunción adecuada o correcta del hecho al tipo delictivo o a los demás preceptos sustantivos pertinentes –aplicación normativa de los hechos a las disposiciones legales–.

TERCERO. Que, ahora bien, desde la sentencia de vista y, en su caso, con meros fines de comparación, desde la sentencia primera instancia, será del caso apreciar si se ha producido un defecto constitucional de motivación y si, además, desde el alcance del tipo delictivo de peculado se obvió la referencia al perjuicio y a la necesaria actividad pericial que le da sustento. Cabe puntualizar que tratándose de la garantía de motivación, el vicio denunciado debe resultar del propio tenor de la sentencia impugnada (artículo 429, inciso 4, del Código Procesal Penal), por lo que no cabe incorporar en el análisis otros datos ni adentrarse en el examen de la prueba actuada. Igualmente, en el caso del motivo de infracción de precepto material, igualmente, debe estarse al hecho declarado probado –respetarse la literalidad del factum– como tal y desde esa declaración verificar si se incurrió en un vicio de interpretación del precepto penal o en un error grave de subsunción. Por lo demás, en este último supuesto, cuando se trata de la impugnación del juicio normativo, el error que se invoca debe tener una significación suficiente para modificar el sentido del fallo (Conforme: STSE de 19 de noviembre de 2002).

CUARTO. Que el delito de peculado tutela tanto el patrimonio público cuanto, sobre todo, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado. Uno de los elementos del tipo objetivo es que el funcionario público, respecto de los bienes públicos objeto de apropiación –apartándolos de su destino o desviándolo de las necesidades del servicio (separación definitiva  de la esfera de dominio público)–, los tenga a su cargo. Es decir, que con ocasión de sus funciones el funcionario concernido ostente su custodia material o la capacidad de disposición e inversión sobre ellos, de suerte que no puedan salir de la institución sin su decisión.  En el presente caso, el imputado Diez Canseco Rivero –Supervisor o Inspector de Obra designado por la Municipalidad  Provincial de Mariscal Nieto– tenía a su cargo el poder de informar acerca de la viabilidad de un pago (véase: Informe número cero sesenta y nueve/dos mil ocho–ODCR– IO/POSLO/GM/MPMN, de fojas quinientos diecinueve, de cuatro de diciembre de dos mil ocho), a partir del cual la Municipalidad agraviada efectuó un pago a la empresa dirigida por su coencausado Pino Trinidad [véase: comprobante de pago de fojas quinientos dieciocho de cinco de diciembre de dos mil ocho]. Este informe no expresaba la realidad y veracidad de lo que era parte del pago por la entidad agraviada; esto es, se emitió un pago que no correspondía afectándose en ese momento el tesoro municipal.

QUINTO. Que en tanto a través del delito de peculado se tutela el patrimonio público, es obvio que se necesita la disminución ilícita de los caudales o efectos públicos, lo que importa la producción de un daño patrimonial mediante la disposición antijurídica. Afirmado este elemento típico, desde la perspectiva procesal, el concreto alcance de la apropiación ha de ser determinado pericialmente. Se requiere, por consiguiente, de una pericia técnica, conforme lo estipuló, entre otras, la Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad número 889-2007/Lima. Cuando, como en el presente caso, interviene la Contraloría General de la República, a ella le corresponde, a través del Informe Especial y sus informes técnicos complementarios, determinar el perjuicio patrimonial –el Informe Especial tiene el carácter de una Auditoría de Cuentas Gubernamental y se erige en una pericia institucional–. El cuestionamiento al Informe Especial se realiza a través de una pericia de parte. En todo caso, la ampliación o aclaración del Informe Especial debe hacerlo la propia Contraloría General de la República a través de sus Auditores Gubernamentales, nunca por medio de una pericia contable efectuada por contadores del REPEJ, y siempre a instancia de las partes o, en su caso –si fuere legalmente procedente– del órgano jurisdiccional.  La sentencia de vista impugnada se sustentó en el Informe Técnico número 01-2010-CG oblicua FRMC oblicua MPNM, de veintitrés de marzo de dos mil diez, que integra el Informe Especial número 137-2010-CG oblicua ORTA [véase décimo primer fundamento jurídico, numerales once y doce]. El citado Informe Técnico concluyó que se efectuó el pago de la valorización número cero uno sin que exista un avance físico real de la obra –no se acompañó copias del cuaderno de obra, ni panel fotográfico que evidencia la ejecución real de la obra–. El monto afectado alcanzó la suma de trescientos sesenta y un mil ochocientos dieciséis soles con noventa y nueve céntimos. Siendo así: 1. No se presentó vicio alguno en la interpretación o aplicación del tipo legal de peculado. 2. Quien presentó la valorización fue la empresa dirigida por Pino Trinidad –que indebidamente fue aceptada por su coimputado Diez Canseco Rivero– y a su empresa se le pagó lo que no correspondía en ese momento. 3. Pino Trinidad, entonces, tiene la condición de cómplice primario. 4. Es verdad que el tipo delictivo de peculado es un delito especial de infracción de deber, pero lo es con “elementos de dominio” –éste se erige por la conjunción de actos concretos de organización, la infracción de deberes institucionales en orden a la Administración Pública y la producción de perjuicio–, por lo que, sin romper el título de imputación, se acepta la intervención delictiva a título de cómplice–. Además, 5. La motivación fáctica ha sido precisa y partió de la pericia técnica respectiva, la cual revela la realidad de un pago indebido por la cantidad indicada.

SEXTO. Que corre en autos en Laudo Arbitral entre la Municipalidad agraviada y la empresa Consorcio Nuevo Mundo [fojas dos mil cuatrocientos dieciséis, de veintitrés de mayo de dos mil catorce], la Resolución de Alcaldía número cero cero quinientos cincuenta y uno – dos mil dieciséis –A oblicua MPMN de fojas tres mil seis, de doce de setiembre de dos mil dieciséis, y la Resolución de Gerencia Municipal número cero cincuenta y nueve – dos mil diecisiete – GM oblicua MPMN [fojas tres mil doscientos sesenta y ocho, de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete]. En el primer y tercer documento se sustenta el otro extremo del recurso de casación. Empero, solo se admitió como prueba en segunda instancia la Resolución de Alcaldía, conforme a la resolución de fojas tres mil quince, de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. El debate en segunda instancia se cerró el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, como consta a fojas tres mil ciento cuarenta y cuatro, luego de recibirse los alegatos orales de las partes. La Resolución de Gerencia General se ofreció extemporáneamente y, por ello, no es de rigor valorarla; su inadmisibilidad es patente –nunca se ofreció como prueba el Laudo Arbitral–. La Resolución de Alcaldía dio cuenta de la verificación de la obra, de la observación al Acta de Recepción de Obra y se encontraron más observaciones que deben ser subsanadas. El Tribunal Superior estimó que esa Resolución de Alcaldía no tiene utilidad ni pertinencia probatoria.  No existe, pues, prueba documental admisible. El Laudo Arbitral y la Resolución de Gerencia Municipal no son prueba documental valorable –es de diferenciar documento de prueba documental, y esta última exige que el documento se aporte debidamente al proceso, se admita por el órgano jurisdiccional y se lea y debata como corresponde–. La Resolución Municipal asume la existencia de observaciones y, en todo caso, no enerva en lo más mínimo que en su día se hizo una indebida entrega de dinero a la empresa dirigida por el imputado Pino Trinidad. Lo expuesto permite concluir que la denuncia de infracción de precepto constitucional, derivado de la no apreciación del Laudo y de la Resolución de Gerencia General, no es de recibo. No se puede valorar lo que no se aportó debidamente al proceso.

SÉPTIMO. Que, desde otra perspectiva, es de tener presente que en la Sección Segunda, literal d) [folio cinco], y en la Sección referida al análisis de la prueba, numeral catorce [folios cuarenta y dos – cuarenta y tres], se mencionó que el cargo contra el encausado Pino Trinidad –que se declaró probado y por el que se le condenó (Sección Tercera, párrafo Quinto: folio cuarenta y ocho)   – era el de que: “…en el curso de la ejecución del contrato obtuvo beneficios indebidos por los diversos conceptos como son: colocación del espesor menor al pactado, falta de asfalto en dos tramos, adelantos, valorizaciones y pago de adicionales, habiéndose beneficiado indebidamente con un monto de S/. 4’228,645.42 nuevos soles, además de haberse beneficiado con las reducciones de las cartas fianzas, evidenciándose su actuar doloso en la ventaja patrimonial”.  De igual manera, el recurso de apelación de fojas dos mil ochocientos sesenta y ocho del citado imputado cuestionó expresamente ese extremo. En la sentencia de vista, empero, solo se hace un análisis respecto al pago indebido materia del comprobante de pago de fojas quinientos dieciocho de cinco de diciembre de dos mil ocho por la suma de la suma de trescientos sesenta y un mil ochocientos dieciséis soles con noventa y nueve céntimos, que integra parte de los cargos, pero no todos. Es en este caso se está claramente ante una motivación incompleta al no haberse examinado lo que declaró probado la sentencia de primera instancia impugnada en apelación. En el recurso de casación no se hace mención a esta omisión. Es posible, sin embargo, extender el conocimiento de la casación a este punto porque se trata de una cuestión declarable de oficio (artículo 432, numeral 1, del Código Procesal Penal), en la medida que se trata de un defecto concerniente a la garantía genérica de tutela jurisdiccional: falta de pronunciamiento sobre una petición de fondo (artículo 150, literal d, del Código Procesal Penal). Por consiguiente, al faltar un pronunciamiento sobre una petición impugnativa, que implica además la no existencia de motivación, es del caso declarar tal omisión y disponer que el órgano de apelación se pronuncie sobre este punto exclusivamente.

OCTAVO. Que, en atención a lo expuesto, debe desestimarse el recurso de casación del imputado Diez Canseco Rivero y el extremo pertinente del recurso de casación del encausado Pino Trinidad. A los efectos de garantizar, en caso se desestime la apelación sobre los puntos no resueltos, la unidad y coherencia en la medición de la pena y reparación civil, solo será del caso anular la pena y la reparación civil impuesta al citado encausado Pino Trinidad. Las costas del recurso de casación debe pagarlas el encausado Diez Canseco Rivero, conforme al artículo 502, apartado 2, del Código Procesal Penal. No se impone costas al recurrente Pino Trinidad en atención a la omisión detectada que exigirá un fallo complementario de vista por el Tribunal Superior.

DECISIÓN

Por estas razones: I. Declararon INFUNDADOS los recursos de casación por vulneración de precepto material y quebrantamiento de la garantía de motivación interpuesto por los encausados OCTAVIO EDUARDO DIEZ CANSECO RIVERO y RICARDO PINO TRINIDAD contra la sentencia de vista de fojas tres mil ciento cincuenta y ocho, de nueve de junio de dos mil diecisiete, que confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia de fojas dos mil setecientos sesenta y cinco, de once de agosto de dos mil dieciséis, los condenó como autor y cómplice primario, respectivamente, del delito de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado                          – Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto [cargo referido al pago indebido materia del comprobante de pago de fojas quinientos dieciocho de cinco de diciembre de dos mil ocho por la suma de la suma de trescientos sesenta y un mil ochocientos dieciséis soles con noventa y nueve céntimos]. II. En consecuencia, NO CASARON, íntegramente, la sentencia de vista respecto del imputado OCTAVO EDUARDO DIEZ CANSECO RIVERO, ratificándose las penas y reparación civil impuestas en esta sentencia; y, parcialmente, la indicada sentencia de vista en lo atinente al encausado RICARDO PINO TRINIDAD por el citado delito de peculado respecto del cargo circunscripto al pago indebido materia del comprobante de pago de fojas quinientos dieciocho de cinco de diciembre de dos mil ocho por la suma de trescientos sesenta y un mil ochocientos dieciséis soles con noventa y nueve céntimos. III. Declararon NULA la referida sentencia de vista solo en cuanto impuso a RICARDO PINO TRINIDAD la pena de cuatro años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación por dos años, así como al pago de cuatrocientos un mil ochocientos dieciséis soles con noventa y nueve céntimos por concepto de reparación civil. IV. ORDENARON que otro Colegiado Superior dicte una sentencia de vista complementaria en relación al encausado RICARDO PINO TRINIDAD y por los cargos omitidos de examinar citados en el séptimo fundamento jurídico de esta sentencia, siguiendo el procedimiento de apelación de sentencia que corresponda; y, en su caso, imponga la pena que resulte. V. DISPUSIERON se remitan las actuaciones al Tribunal Superior para que proceda conforme a Ley, remitiéndose además copia certificados de los actuados pertinentes al Juzgado de Investigación Preparatoria competente para la iniciación de la ejecución procesal de la condena y reparación civil al encausado Diez Canseco Rivero, y se publique la presente sentencia casatoria en la Página Web del Poder Judicial. Intervino la señora jueza suprema Zavina Magdalena Luisa Chávez Mella por vacaciones del señor juez supremo José Antonio Neyra Flores. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.  S.s.

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